Quito, 5 de junio de 2019.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Secretaría de Derechos Humanos  promovieron en Quito el Acuerdo Nacional 2030 “Por Una Vida  Libre de Violencias”. Más de 100 representantes de instancias públicas que trabajan en protección de derechos, colectivos sociales y ciudadanía propusieron acciones concretas para transformar prácticas sociales e institucionales que han naturalizado la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas LGBTI y las personas en condición de movilidad humana.

Juntos trabajaron en propuestas sobre el fortalecimiento de los sistemas de protección con la alcaldía y la comunidad partiendo de necesidades locales para generar alianzas que permitan espacios públicos seguros, fortalecimiento de los protocolos de denuncia para evitar la revictimización; así como mejora el acceso a la justicia y prevenir las violencias.

La Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia contra las Mujeres, permitió visibilizar a nivel nacional que el grado de incidencia de la violencia hacia las mujeres es de 6 por cada 10 mujeres; 4 de cada 10 mujeres son atentadas contra su integridad sexual y, al menos, 11 violaciones diariamente de las cuales, 4 son niñas. Además, en el país se registran 330 femicidios desde la vigencia del tipo penal (2014) hasta marzo del año 2019, de que 22 corresponden a víctimas niñas y adolescentes menores de 18 años.

Jessica Jaramillo, participante, mencionó que es fundamental actuar sobre las medidas de protección que “tardan mucho tiempo en generar resultados, éstos deberían ajustarse, además de sensibilizar y capacitar a los operadores de justicia, de salud así como de Fiscalía”.

Marco Cazco, Ministro de Inclusión Económica y Social (S), manifestó que la prevalencia de la violencia implica  un costo social personal y económico demasiado alto. “El MIES ha asumido con responsabilidad y sensibilidad el llegar acuerdos con organizaciones sociales, además de instituciones y de comunidades. La violencia sexual en contra de la niñez y la adolescencia es una problemática social que implica la corresponsabilidad social e institucional”.

Por su parte, Rocío Rosero, secretaria de Derechos Humanos (S), destacó la importancia de articular acciones en contra de la violencia “Siempre hay la posibilidad de poner con el diálogo la construcción de mecanismos concretos para proteger la

vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”. Además indicó que se trabajará bajo 3 ejes principales: la prevención, el fortalecimiento de los sistemas especializados de protección integral de derechos  y el acceso a la justicia.

El Acuerdo 2030 Por una Vida Libre de Violencias es una oportunidad única para responder hoy a las necesidades de prevención y erradicación de las violencias.