El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la Secretaría de Derechos Humanos, lidera el Acuerdo Nacional 2030 “Por una Vida Libre de Violencias”.

El objetivo es alcanzar y sostener acuerdos de corto, mediano y largo plazo para transformar prácticas sociales e institucionales que han naturalizado la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas LGBTI y las personas en condición de movilidad humana, limitando su protección integral y su acceso a la justicia.

La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, coordina este Acuerdo, en atención al encargo realizado por el presidente de la República, Lenín Moreno. En este sentido, promueve la articulación interinstitucional efectiva para lograr respuestas oportunas, especializadas e integrales de los sistemas descentralizados de protección y de acceso a la justicia, para las víctimas de violencia.

En la presentación pública de esta iniciativa, la Ministra Cordero expresó su convicción de que estos acuerdos transformarán positivamente las prácticas institucionales y lograrán resultados efectivos en cuanto a la prevención, protección y acceso a justicia de las víctimas de violencias.  Reiteró que se trata de lograr acuerdos operativos, con resultados concretos.

El Acuerdo 2030 es fundamental porque enfrenta sin dilación asuntos que afectan severamente la vida de las personas, su integridad y plenitud; por tanto, se relaciona con los aspectos sustantivos de la vida democrática y la justicia social del país.

Esta iniciativa promueve la corresponsabilidad de actores medulares como los gobiernos autónomos descentralizados, la función ejecutiva y judicial así como la ciudadanía, para que desde sus competencias y actoría den respuestas efectivas a las víctimas de violencias.

El Acuerdo trabaja en tres ejes:

1. Prevención de las violencias, transformación de patrones socio-culturales y corresponsabilidades parentales positivas y libres de violencias.
2. Fortalecimiento de los sistemas especializados de protección integral de derechos y redes de apoyo sociales y comunitarios.
3. Acceso a justicia, promoción y restitución de los derechos de las víctimas.

El Acuerdo se construye con la participación ciudadana

3000 representantes de la ciudadanía y del Estado, 160 alcaldes y alcaldesas, 19 gobernadores, 8 asambleístas convocados en 17 acuerdos zonales y provinciales Por una Vida Libre de Violencias y con el acompañamiento de Miriam Ernst, como representante ciudadana del Grupo Promotor Nacional, construyeron el Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias, bajo la corresponsabilidad social y comunitaria en la prevención de la violencia y la protección integral de las víctimas y su acceso a la justicia.

En las mesas de trabajo, las y los participantes constituyeron grupos promotores locales del Acuerdo Nacional para garantizar el seguimiento y la exigibilidad de los acuerdos.

16 acuerdos logrados en territorio

Las mesas de trabajose realizaron por provincias y zonas:

• 30 de mayo. Babahoyo. Zona 5.
• 03 de junio. Santo Domingo. Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
• 04 de junio. Ambato. Zona 3.
• 05 de junio. Quito. Zona 9
• 06 de junio. Nueva Loja. Provincia de Sucumbíos.
• 07 de junio. Francisco de Orellana. Zona 2.
• 11 de junio. Macas, provincia de Morona Santiago
• 12 de junio, Zamora, provincia de Zamora Chinchipe
• 14 de junio, Esmeraldas, provincia de Esmeraldas
• 17 junio, Portoviejo, Provincia de Portoviejo
• 18 junio, Guayaquil, Zona 8
• 19 junio, Machala, Provincia El Oro
• 25 de junio, Loja, provincia Loja
• 27 de junio, Azogues, provincias Azuay, Cañar
• 12 de julio, Isla San Cristóbal, Galápagos
• 23 de julio, Otavalo, provincias Imbabura, Carchi

En materia de prevención, los principales acuerdos giraron en torno a la corresponsabilidad de las familias, las comunidades y el Estado en transformar prácticas de relacionamiento que perennizan la violencia. Deconstruir la naturalización del castigo, las discriminaciones y la exclusión, generando campañas de sensibilización, así como estrategias de sistemas comunitarios de prevención y procesos formativos sobre masculinidades.

Para fortalecer los sistemas especializados de protección integral de derechos la ciudadanía planteó la necesidad de garantizar la integración técnica de consejos y juntas cantonales de derechos.

Priorizó, también, la vigilancia del destino del 10% del presupuesto cantonal de ingresos no tributarios que debe estar dirigido a los grupos de atención prioritaria incluidos servicios de protección especial y casas de acogida, así como el desarrollo de mecanismos para garantizar la presencia de los servicios de protección integral de derechos y de justicia en los cantones más alejados y generar rutas para todos los operadores.

En este aspecto, propuso también la construcción de una Red de Alcaldesas y Alcaldes por una Vida Libre de Violencias.

En el eje de acceso a justicia, se refirió a la búsqueda de mecanismos desde la Fiscalía General del Estado que garanticen la recepción de denuncias y la protección de las víctimas evitando su revictimización y garantizando una labor pericial eficiente y técnica.

En esta misma línea, la ciudadanía planteó la necesidad de capacitar a los operadores de justicia en los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, población de la diversidad sexo-genérica, personas adultas mayores, personas en situación de movilidad humana y personas con discapacidad, en su acceso a justicia, así como aunar esfuerzos para garantizar la justicia especializada y la cobertura de servicios a nivel rural.

Finalmente, se evidenció la necesidad de impulsar la reforma al Código Orgánico Integral Penal para la aprobación del procedimiento especial y expedito para casos de violencia contra las mujeres y delitos sexuales, entre otros.

La construcción del Acuerdo avanza en el ámbito nacional 

En el marco del Acuerdo Nacional 2030, el pasado lunes 29 de julio, se firmó el Acuerdo Nacional para el Acceso a Justicia por una Vida Libre de Violencias, que permite la creación de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia, así como subcomisiones técnicas especializadas para atender, específicamente, las barreras que enfrentan cada uno de los grupos de atención prioritaria cuando requieren acceder a justicia logrando respuestas eficaces y uniendo esfuerzos para el seguimiento a la especial situación de las víctimas asegurando su protección integral.

Suscribieron este acuerdo, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Derechos Humanos.